La Ciudad de las Diagonales cuenta con dos juzgados que ni siquiera llegan a tener la categoría de “Primera Instancia”, y aunque a veces los Ciudadanos desacreditemos la tarea que realizan sus Jueces a cargo, o que ellos en sus funciones se crean Superman, las cuestiones relativas a la Seguridad en materia penal exceden ampliamente sus competencias.
En el caso del Juzgado de Faltas Municipal, sólo se encarga de infracciones a las normas de policía municipal, es decir al incumplimiento de ordenanzas vigentes en la jurisdicción y aquellas que se les asignen o deleguen desde el municipio.
El otro Juzgado, el de Paz, se encarga de resolver cuestiones del derecho, aunque aquellas de menor relevancia siempre regulados por la Ley del Poder Judicial. Se ocupa, principalmente de asuntos de orden civil y realiza funciones de Registro. Es un órgano judicial unipersonal.
En él se atiende cualquier cuestión registral que le planteen los vecinos empadronados en el respectivo municipio, el Juzgado de Paz presta lo que se denomina auxilio judicial, que se encarga por ejemplo de tomar declaraciones a perjudicados o efectuar ratificaciones por citar algunos. También se encarga de los juicios de faltas que se promuevan, tales como amenazas, coacciones, maltrato de animales domésticos o perturbaciones del orden y daños leves de bienes inmuebles.
En síntesis, ambos Juzgados están atendidos por un Juez designado a través de las deliberaciones políticas que se cuelan en todos los ámbitos (Colegio de Abogados, Concejo Deliberante) y sus funciones son jurisdiccionales.
Aun así, la impotencia de la ciudadanía machagaiense, al no tener respuestas ante los casos aberrantes de inseguridad, nos lleva a pedir la destitución de los jueces locales, o creer que pertenecen a una red mafiosa de complicidad con la delincuencia, pero esto no sólo forma parte de un mito, sino que además da cuenta de que nuestra realidad se convierte en una fantasía ficciosa de una película de género policial.
Mientras los políticos de turno se ponen a prometer una Fiscalía que descentralice las trabas burocráticas y que funcione en Machagai, otros consideran que la viabilidad presupuestaria de éste organismo sería imposible, y plantean la posibilidad de instalar un ayudante fiscal en las comisarías de los pueblos del interior. De cualquiera de las dos maneras, la intención es que los funcionarios sigan designando a éstos organismos de dependencia judicial a personas a quienes le deben favores políticos, como lo hicieron siempre, sin rendir exámenes de idoneidad, sino con el único requisito de pertener a un partido político, y aún así, ante tremendo debate social sobre la inseguridad, la impunidad y las injusticias, algunos funcionarios públicos se dan el tupé de opinar como si fuesen meros expectadores, como queriendo desligarse de sus responsabilidades y competencias.
La pregunta que nos queda hacernos es ¿cómo debemos frenar la delincuencia que nos abruma?
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